Para que las mujeres y los hombres vivan
de la Tierra de forma sostenible

Proyecto KAMOL BE 2

Programme financé par l’UE, la Fundacion Ford, Diakonia y la Fundacion Interamericana ; 2018 - 2019

En Guatemala, los pueblos indígenas no logran aún ejercer plenamente sus derechos. Es uno de los países más inequitativos del mundo. Indicadores macroeconómicos relativamente favorables esconden fuertes desigualdades con niveles muy altos de pobreza e inseguridad alimentaria de estas poblaciones que son mayoritarias pero objeto de procesos muy fuertes de exclusión social, económica y política. En efecto, si la legislación nacional e internacional (el C. 169 de la OIT, entre otros) responden a una sociedad multiétnica y multilingüe, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, son sistemáticamente desconocidos e irrespetados.

La acción que propone el consorcio conformado por Utz Che’, Aproba-Sank, Fundamaya y AVSF busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil, particularmente, de comunidades indígenas y multiculturales y sus autoridades de defender y ejercer sus derechos humanos, particularmente, el de libre determinación y los económicos, sociales y culturales (DESC). Para ello, se enfoca en problemáticas clave para el desarrollo rural y la disminución de la conflictividad en áreas rurales remotas: sistemas de justicia propia, acceso y gestión de la tierra y de los recursos naturales.

Como efecto directo de las acciones del proyecto, se buscara que (i) 500 Autoridades comunitarias (personas miembros de comunidades con mandato de servicio comunitario y representación) de 100 comunidades u organizaciones de las regiones Occidente, Costa Sud, Alta Verapaz y Región Ixil, fortalecerán el rescate, la definición y aplicación de normas y prácticas comunitarias propias de convivencia, gobernanza así como de acceso y uso sostenible de recursos comunales con equidad de género y generacional; (ii) 300 Autoridades de estas comunidades indígenas y multiculturales, se fortalezcan como sujeto colectivo de derecho, tomando acciones en casos concretos de violaciones de sus derechos (DESC y libre determinación) en sus territorios; y finamente (iii) autoridades de comunidades indígenas y multiculturales, articuladas a nivel nacional, concierten planteamientos y tomen acciones para que las medidas legislativas y administrativas que les afectan contemplen de forma efectiva el reconocimiento y respeto de sus derechos.