En Guatemala, comunidades indígenas, campesinas y pesqueras enfrentan retos cotidianos para el ejercicio de sus derechos humanos. La entrega de licencias para extraer recursos sin la obligada consulta del Estado a los pueblos y la falta de debida diligencia del Estado cuando hay señalamientos de afectaciones a derechos humanos por empresas privadas son algunos de los problemas que afectan a estas comunidades. Frente a la violación de sus derechos, ellas han decidido utilizar el lenguaje democrático del diálogo y el litigio para defenderlos.
La Unión Europea (UE), a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, apoyó a las organizaciones APROBA-SANK, Asociación Utz Che’, Fundación Maya (Fundamaya) y Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF), que trabajan para que comunidades indígenas, campesinas y pesqueras ejerzan y reafirmen sus derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de libre determinación y consulta.
Así, se presenta la publicación Defendiendo nuestros derechos, que resume acciones de defensa de derechos humanos en Guatemala impulsadas en los departamentos de Escuintla, Totonicapán, Quiché y Alta Verapaz. El objetivo de este esfuerzo es dejar evidencia del interés y acciones de las comunidades indígenas y campesinas de contribuir a la democracia y al Estado de derecho en el país mediante la defensa de sus derechos. Además, se emiten recomendaciones al Estado y las empresas privadas para que cumplan con sus obligaciones estipuladas en el marco legal vigente, incluyendo tratados internacionales ratificados por Guatemala.
