Los depósitos de relaves (DR) son las estructuras donde la minería almacena los residuos que genera. Si fallan, pueden provocar inundaciones de lodos mineros con graves consecuencias ambientales y sociales, como ocurrió en Mariana (2015) y Brumadinho (2019), en Brasil. Este estudio, realizado en 2025 en el marco del proyecto ComUnitar, analiza si Ecuador cuenta con un marco jurídico e institucional capaz de prevenir y gestionar ese riesgo.
El contexto es relevante: los dos proyectos de minería metálica a gran escala que operan en el país están en Zamora Chinchipe. Uno es la mina de cobre Mirador, con las presas de relaves Quimi (en cierre) y Tundayme (activa); el otro, Fruta del Norte. Según el estudio, Tundayme almacenaría unos 588 millones de toneladas de relaves durante la vida útil de la mina, en una zona de alta pluviosidad, geografía compleja y comunidades asentadas aguas abajo.
La investigación combinó revisión documental y análisis jurídico comparado. Examinó la Constitución, la Ley de Minería, el Código Orgánico del Ambiente y la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, y las contrastó con las normas de Brasil, Chile y Perú y con estándares internacionales como el Estándar Global de Gestión de Relaves (GISTM) y el Marco de Sendai. Se complementó con entrevistas a la empresa operadora, instituciones del Estado, gobiernos locales y líderes de comunidades Shuar.
El principal hallazgo es que la regulación de los DR está dispersa entre el derecho minero, el ambiental y el de gestión de riesgos, cuerpos normativos desarrollados de forma sectorial y poco articulados. No existe un reglamento específico que regule estas estructuras durante todo su ciclo de vida (diseño, construcción, operación, cierre y postcierre). Tampoco se exigen auditorías técnicas independientes, monitoreo geotécnico continuo ni sistemas obligatorios de alerta temprana, y no se conocen mapas de amenaza públicos ni planes de evacuación comunitarios vinculantes. A esto se suman la débil coordinación entre las entidades ambientales, mineras y de gestión de riesgos y los gobiernos locales, y una participación comunitaria limitada, con información técnica poco accesible, incluso en lengua Shuar. Las entrevistas coinciden en que el modelo actual descansa en la autorregulación empresarial, con escaso control estatal independiente.
El estudio precisa, además, que la amenaza no son los depósitos en sí, sino la inundación por flujos de relaves derivados de su falla, por lo que la integridad técnica de estas estructuras es determinante.
Como respuesta, propone un modelo de gobernanza multinivel (estratégico, regulatorio, operativo, territorial y social-comunitario) y una matriz de reformas priorizadas: un reglamento técnico específico, unidades especializadas en seguridad de relaves, protocolos de coordinación interinstitucional, monitoreo en tiempo real con validación externa, planes de emergencia con simulacros comunitarios, transparencia y reparación integral.
Advierte, finalmente, que las reformas a la Ley de Minería aprobadas en febrero de 2026, que flexibilizan controles y licenciamiento ambiental, podrían tensionar estas recomendaciones. Ecuador atraviesa una coyuntura crítica, pero estratégica para redefinir su gobernanza del riesgo.